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El baremo de indemnizaciones en accidentes de circulación. ¿Por qué es tan importante?

El 1 de enero de 2016 entró en vigor la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Este sistema se conoce como Baremo de accidentes, y establece distintos tramos dentro de la gravedad de las lesiones ocasionadas por un accidente, con el objetivo de cuantificar de forma más homogénea las indemnizaciones que corresponden a cada víctima.


Son muchos los parámetros y consideraciones que se tienen en cuenta para calcular dichas indemnizaciones por accidente de tráfico, recogidos en un compendio de más de 500 páginas. Este nuevo baremo, tendente a armonizar nuestra legislación con la de los restantes países comunitarios, establece unas indemnizaciones más justas, con importes considerablemente más elevados que los recogidos en el anterior sistema, que, vigente desde 1995, se había quedado obsoleto. Así, el baremo de 2016 es activo, actualizado y más adaptado a la realidad.

Según esta legislación, serán objeto de indemnización las lesiones temporales, secuelas y muerte. La finalidad de la Ley es lograr la total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos para situar a la víctima en una posición lo más parecida posible a la que tendría de no haberse producido el accidente. Para ello, también identifica nuevos perjudicados y nuevos conceptos resarcitorios que no estaban recogidos hasta entonces, como indemnizaciones por daño patrimonial (daño emergente y lucro cesante).

Accidente laboral. Para reclamar daños y perjuicios por responsabilidad civil derivados de estos accidentes de trabajo se utiliza habitualmente como referencia el baremo de accidentes de tráfico. Dentro de esta responsabilidad civil se contemplan daños y perjuicios causados, incluyendo los perjuicios materiales, patrimoniales (como los derivados de la previsión de gastos sanitarios futuros) y los morales (tanto para la víctima directa como para las indirectas, es decir, los familiares). También se incluye el lucro cesante, que se entiende como el valor de la pérdida sufrida y la posible ganancia que se dejará de percibir tanto por la víctima como por familiares dependientes económicamente de ella, ya sea por su fallecimiento, situación de desempleo o reducción de la jornada laboral a consecuencia del accidente.

Accidente laboral en la construcción. Desgraciadamente, el sector de la construcción es uno de los sectores con mayor número de accidentes debido, entre otros factores, a la complejidad de sus trabajos o la diversificación de sus operarios. Los índices de siniestralidad laboral suelen colocar al sector en las primeras posiciones de siniestralidad con respecto a otras actividades. Y es que los trabajos que se realizan en la construcción están asociados a muchos riesgos que pueden causar un accidente, incluso mortal: caer desde una altura, quedar atrapado por tierra o escombros, sufrir cortes, contusiones, esquinces al manipular cargas, entrar en contacto con sustancias peligrosas, o quedar atrapado por la tierra o escombros, entre muchos otros.

Dado que no existe un baremo específico que valore los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, en la práctica, a la hora de cuantificar el importe de las indemnizaciones derivadas de los accidentes laborales, los Juzgados adoptan el baremo de tráfico bien de manera analógica o de forma orientadora. En muchos casos, se utiliza como un criterio de mínimos, al que en muchas ocasiones se le puede sumar un porcentaje, aduciendo que se trata de un accidente laboral. Esta aplicación orientadora cobra especial importancia cuando lo que se trata de resarcir son los daños morales, en donde la apreciación personal del juez a la hora de valorar el sufrimiento humano difícilmente puede limitarse a cálculos matemáticos o actuariales.

El baremo de accidentes de tráfico cada año se va actualizando en base al porcentaje del índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha abierto a consulta un cambio normativo para actualizarlo, apostando por establecer un suelo para las indemnizaciones de menor cuantía y actualizar las tablas, de acuerdo a situaciones como el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI).